Accionará en delitos de grooming y similares y tendrá posibilidad de interactuar él mismo con archivos ilícitos. Las investigaciones sólo podrán durar seis meses.
Mercedes Rus, ministra de Seguridad y Justicia de la provincia.
La mayoría de los niños en Argentina tiene su primer celular antes de los nueve años. La mayoría, también, pasa cerca de seis horas diarias con un dispositivo en las manos. Es un campo de posibilidades para pederastas y delincuentes de todo tipo, que desde esta semana en Mendoza están más expuestos a que los atrapen: este lunes se publicó el detalle de cómo funcionará la figura del agente digital encubierto, un verdadero “espía” dedicado a atrapar a esos malvivientes.
Se sancionó en la primera sesión del año en la Legislatura. Aunque ya venían trabajando, los agentes digitales de la provincia no tenían un sistema tan definido para sus labores como lo tienen ahora. Con los cambios al Código Procesal Penal que se hicieron, ahora sí está detallado y con letra chica su perfil, así como también su plan de acción y los límites que este va a tener. Esos puntos fueron reglamentados y explicados en el Boletín Oficial horas atrás.
Se instauraron pautas básicas, que en buena medida ya habían sido explicadas durante los encuentros parlamentarios y en los días posteriores. Por ejemplo: el agente sólo podrá ponerse a trabajar si el Ministerio Público Fiscal solicita su intervención y si el juez da el visto bueno para que eso ocurra. En ese caso, deben demostrar dos supuestos fundamentales: que la investigación corre serio peligro de caerse si no se aplica este programa y que, por las características del delito o presunto delito, no puede hacerse una pesquisa en otro ámbito que no sea el virtual.
Los agentes les seguirán el rastro a los investigados a través de las nuevas pautas del Código Procesal Penal.
Ese agente creará un perfil falso (probablemente no en todos los casos), con imágenes y un nombre determinados. Sin embargo, de ninguna manera esa foto o el nombre propio podrán ser ya existentes; es decir, pertenecer a otra persona. Tienen que ser completamente inventados y habrá empleados de la Justicia destinados a esa tarea: confeccionar esas identidades para luego entrometerse entre los delincuentes. O incluso interactuar con ellos y otras personas si es necesario.
Entre otras capacidades que se les darán a los agentes, estos estarán habilitados para intercambiar o enviar por sí mismo archivos ilícitos por su contenido. Estará exento de responsabilidad criminal por aquellas actuaciones que sean necesarias para el desarrollo de la investigación, siempre que guarden la “debida proporcionalidad” con el objetivo. O sea que mientras dure la tarea, podrá estar “fuera” del margen de la ley para poder atrapar a los responsables.
La letra chica de los agentes encubiertos
Concretamente, en el Boletín se explicó que se hicieron distintas modificaciones. Se incorporaron tres artículos y se cambió uno; todo dentro de la ley 6.730, que es la que impone el Código Procesal Penal de la provincia. En ellos define que las investigaciones tendrán un máximo de seis meses de duración. Estos empezarán a contar desde el momento en que el juez le comunica al fiscal que efectivamente puede utilizar la metodología.
La Cámara de Senadores sancionó los cambios en la ley.
Asimismo, el agente podrá asegurar los datos de distintas maneras: es decir, solicitar la tecnología adecuada para preservar archivos e informaciones digitales que corran el peligro de perderse mientras dura la investigación. Respecto a esos elementos, la nueva ley expresa que el investigador ahora puede pedirle información personal (sobre las personas a las que tenga en la mira) a las empresas de comunicación. Estas estarán obligadas a proveerla.
“En caso de que durante la ejecución de esta medida surjan elementos que permitan considerar que los datos buscados se encuentran almacenados en otro dispositivo o sistema conectado al inicial, (…) quienes lleven adelante la medida podrán ampliar el registro al otro sistema, previa comunicación con el agente Fiscal”, expresa la nueva normativa.
Eso se refiere a que, si al investigado se le secuestra material de una PC, pero hay fuertes sospechas de que otros elementos de importancia pueden estar, por ejemplo, en una tablet o un celular que también tengan vínculo con la persona, estos podrán también ser secuestrados si el juez así lo permite.
Rus está al frente de Seguridad y Justicia desde diciembre.
Gentileza Prensa Gobierno Mendoza
De incógnito en el “internet profundo”
Como contó Diario UNO días atrás, el investigador podrá ser un miembro cualquiera de unidad fiscal que tenga la causa. Esa persona podrá meterse en el submundo de internet conocido como la “deep web“, donde se ofrecen servicios y se comparten materiales que están completamente fuera de la ley. Para ello, los delincuentes usan navegadores especializados que mantienen anónimas sus acciones.
“Hasta acá, nunca se ha utilizado fuera de delitos como el grooming y corrupción de menores a la figura del agente encubierto”, había explicado a este medio la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus. “Su tarea es generar evidencia digital: datos; archivos informáticos o videos. Por ejemplo, que demuestren que hubo un intercambio de bienes robados”, sumó.
Conferencia de prensa con la PDI por el femicidio de Agostina Trigo, en 2022. Su caso fue resuelto gracias a pesquisas en sus redes sociales que permitieron dar con el asesino.
“Efectivamente, se pueden meter en la deep web, pero aclaremos que no es algo que necesariamente haga falta en cada caso. Es más, yo diría que lo del agente encubierto en sí mismo es casi excepcional. Pero sí es cierto que, en ciertas causas, no hay otra forma de obtener datos que no sea así: usando un perfil falso” apuntó el fiscal Santiago Garay cuando la ley fue aprobada.
Ahora, su reglamentación quedó completamente firme y ya podrían estar trabajando con la nueva modalidad. Incluso en este mismo momento podría estar detrás de un delincuente o hasta hablando con él, y sin que este lo sepa.
Gentileza Diario Uno